Cada año, los propietarios deben destinar una parte de sus recursos al pago del predial, un impuesto cuyo monto depende del valor catastral de la vivienda o terreno y de las reglas fiscales de cada localidad, donde las tesorerías municipales —y el gobierno de la Ciudad de México, en el caso de la capital— establecen los criterios para determinar cuánto corresponde pagar.
No existe una fórmula única para todo México, ya que las autoridades locales definen las bases, los tramos y las tasas aplicables, por lo que el monto depende de la normativa vigente en el lugar donde se encuentra el inmueble.
El valor catastral es una referencia fiscal para determinar el impuesto y no necesariamente equivale al precio al que podría venderse una propiedad. Su cálculo depende de los criterios previstos en cada localidad y de la información registrada sobre el terreno y las construcciones.
En el documento Impuesto Predial y Sobre la Adquisición de Inmuebles, publicado el 20 de enero del 2026, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explica que las tesorerías municipales tienen la facultad de "definir la base, los tramos y la tasa a aplicar" al predial, mientras que en la Ciudad de México estas atribuciones corresponden al gobierno capitalino.
Por ello, dos inmuebles con características similares pueden tener cobros distintos si se encuentran en localidades con reglas fiscales diferentes. El monto también puede variar cuando cambian los valores catastrales o las disposiciones aplicables, según lo que establezca cada autoridad.
El catastro concentra información sobre los inmuebles, incluido su registro y valuación, y sirve como referencia para la administración del impuesto. Cuando esos datos son incompletos o están desactualizados, las autoridades pueden tener dificultades para determinar una base gravable precisa.
El informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advierte que los impuestos a la propiedad requieren "información y sistemas sofisticados".
El documento también indica que muchos países de la región carecen de registros de propiedad adecuados o actualizados, lo que limita el acceso de las autoridades a valuaciones precisas de terrenos y edificios. El diagnóstico corresponde a América Latina y el Caribe, no exclusivamente a México.
El Ejecutivo federal presentó en septiembre del 2026 una iniciativa para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para modernizar, actualizar, homologar e interconectar los catastros y los registros públicos de la propiedad.
La propuesta contempla herramientas como un Plan Nacional Catastral, una Plataforma Nacional Catastral y una clave única para identificar los inmuebles, de acuerdo con la ficha legislativa publicada por el Sistema de Información Legislativa.
El proyecto no establece una tasa nacional ni ordena un aumento automático del predial, sino que busca modernizar y homologar los catastros y los registros públicos de la propiedad; sin embargo, la actualización de los registros y de los valores catastrales podría modificar la base utilizada para calcular el impuesto en determinados casos, conforme a las disposiciones locales.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en lo general y en lo particular hace algunos días y lo turnó al Senado para continuar su proceso legislativo, por lo que la propuesta aún no debe presentarse como una ley vigente.
México recauda poco menos de 0.4% del producto interno bruto (PIB) por impuesto predial, una proporción inferior a la observada en otros países, de acuerdo con el informe Tax Policy Reforms 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citado por El Economista.
La OCDE refiere que la recaudación de este gravamen en otras economías se ubica entre 1.5 y 2% del PIB, una diferencia que apunta al margen que existe para fortalecer los ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Para entender el cobro, el propietario puede consultar cuatro elementos:
Valor catastral: el valor fiscal registrado por la autoridad.
Datos del inmueble: la superficie y las características asentadas en el catastro.
Tarifa aplicable: las tasas, los tramos y las disposiciones fiscales vigentes en su localidad.
Descuentos: los beneficios disponibles, como los que algunas autoridades ofrecen por pronto pago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Si los datos del recibo no coinciden con las características de la propiedad, el contribuyente puede acudir a la autoridad fiscal correspondiente para solicitar una revisión y conocer el procedimiento aplicable.
El primer paso para comprobar el predial es revisar la información catastral y las reglas fiscales de la localidad, pues de esos elementos depende la determinación del impuesto.